Ayer, en la Corte de Apelaciones de Antofagasta se llevó a cabo la audiencia por el recurso de amparo que los abogados de la psiquiatra Josefina Huneeus, Alejandro Awad Cherit y Miguel Schumann Opazo, interpusieron en ese tribunal por la interceptación de su celular en el marco de la investigación por el caso ProCultura.
Los abogados acusaron que dicha acción fue un “espionaje” y presenta falta de fundamentos legales, según argumentan en el escrito ingresado al tribunal.
Lo anterior, obligó al Ministerio Público a defender su decisión. De hecho, el abogado, Eduardo Yáñez, hizo ver que, ante la información revelada por la entonces testigo en el caso ProCultura, la justicia validó las escuchas telefónicas.
De esta forma, la Corte de Apelaciones de Antofagasta tiene 24 horas (desde ayer) para determinar si al continuar con las escuchas, la fiscalía regional de Coquimbo respetó el debido proceso y si dichas transcripciones pueden incorporarse a los antecedentes de la investigación.
Según el abogado, Alejandro Awad, quien insistió que las diligencias pasaron a llevar la norma, si la persona cuyo teléfono fue intervenido no es imputada, o si la escucha se realizó sin la debida autorización de un juzgado, la medida debiera levantarse. “Hay una serie de irregularidades. De partida, escuchar a doña Josefina Huneeus en base a una autorización para escuchar a Alberto Larraín. El Código Procesal Penal establece con claridad lo que debe hacerse en este caso: dejar de escuchar”, afirmó el abogado de Huneeus, quien insistió en que “normativamente, la cuestión es muy sencilla y detrás de la normatividad, hay una parte que no tiene nada de sencilla, que es durísima, que es lo devastador que todo esto ha sido para mi representada. En Chile no existe la interceptación telefónica de testigos”, afirmó Awad.
Según el profesional la interceptación habría sido ilegal, ya que en ese entonces, la psiquiatra era una testigo de la causa y no una imputada, y que su estatus en la investigación fue cambiado de forma ilícita posteriormente para justificar esta diligencia.
En tanto, la fiscalía plantea que, si bien la PDI dio con el teléfono de Huneeus, pues el número aparecía vinculado con su exmarido, Alberto Larraín, se solicitó a la justicia mantener las escuchas apuntando a que Huneeus conocía los hechos investigados.
En esa línea, el fiscal Eduardo Yáñez sostuvo que los detectives notaron que “Josefina Huneeus comienza a relatar diversa información en virtud de esta interceptación, que nos hizo sospechar de su participación en el delito que estamos investigando, motivo por el cual damos cuenta de esta información al Juzgado de Garantía de Antofagasta, que valida la petición y la actualización de interceptación telefónica”, explicó.
