La remoción del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper del caso ProCultura, ha dividido a los sectores políticos del país en dos grandes posturas pero, principalmente, ha abierto un debate por la independencia de los poderes del Estado.
En el caso ProCultura se investiga un presunto fraude al fisco por más de $6.000 millones y si es que parte de esos recursos fueron destinados a campañas políticas, incluyendo la del Presidente Gabriel Boric, acusación que, en todo caso, fue desmentida por Alberto Larraín, uno de los fundadores de ProCultura.
Cabe recordar que, luego de que el juzgado de Garantía de Antofagasta autorizara al fiscal Cooper a interceptar los teléfonos de Josefina Huneeus, exterapeuta del Presidente Boric, registrando conversaciones que, posteriormente, fueron filtradas, la Corte de Apelaciones de la misma ciudad, a petición de los abogados de Hunneus, a través de un recurso de amparo, decretó que dicha acción había sido ilegal, tras lo cual, ordenó destruir dichas grabaciones.
EN EL MARCO DE LO LEGAL
Al respecto, el senador Daniel Nuñez señaló que “el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta es muy importante, porque pone en evidencia el actuar ilegal del fiscal Cooper en las intercepciones telefónicas a Josefina Huneeus”.
Para el senador Matías Walker, en tanto, el fallo de la corte “no lo entiendo como una resolución en contra del fiscal Cooper, sino que tiene que ver con los mecanismos de control que existen en un Estado de Derecho respecto del ejercicio de una medida intrusiva”.
Por su parte, la diputada Carolina Tello afirmó que “investigar dentro del marco legal asegura resultados justos y fortalece la confianza ciudadana en las instituciones. En ese sentido, valoro la decisión tomada por la fiscalía”.
En esa misma línea, la diputada Nathalie Castillo se mostró de acuerdo con la remoción de Cooper y recalcó que “estamos atentas también a que se revisen las actuaciones de este fiscal (…) ya que tenemos información que ha cerrado causas de DD.HH, lo cual pediremos investigar por la gravedad que significa”.
REMOCIÓN INOPORTUNA
Para el senador Sergio Gahona, sin embargo, la remoción del fiscal Cooper “es inoportuna y lamentable (…) pero al parecer, cuando las instituciones funcionan, algunos se ponen nerviosos y comienzan a hacer acusaciones al voleo”.
De igual manera, el diputado Marco Antonio Sulantay advirtió que “el Ministro Público debe reintegrar al fiscal Cooper a esta causa a la brevedad o de lo contrario, se habrá configurado la más flagrante e intolerable transgresión al Estado de Derecho”.
En esa misma línea, el diputado Juan Manuel Fuenzalida opinó que es inentendible la decisión que se tomó por parte del fiscal nacional y por lo tanto uno puede concluir que aquí hubo presiones desde el poder político”.
Sobre esto mismo, el diputado Víctor Pino sostuvo que “cuando la política interfiere en la justicia, es difícil llegar a la verdad”.
Para el diputado Ricardo Cifuentes en tanto, “es muy importante que nuestros fiscales se sientan seguros en su trabajo y que tengan la independencia para poder ejercer sus investigaciones libres de cualquier influencia”.
SE AJUSTA A LA LEY
Desde fuera del mundo político, la abogada de la Universidad Central y Mg. en Derecho Público, María José Lira, explicó que “este fallo consolida la independencia del Poder Judicial y además refuerza el Estado de Derecho, porque en este caso, que hubo autorización de una jueza para la escucha telefónica, la Corte, que es su superior jerárquico, le dice que esas medidas no se ajustan a la legalidad”.
Por otra parte, el Doctor en Derecho y académico de la Universidad Católica del Norte, Gonzalo Cortés, indicó que “todas esas decisiones que toma el fiscal nacional tienen como propósito garantizar la objetividad de las investigaciones, que es justamente un mandato que la Constitución establece en relación a la función que cumple el Ministerio Público y sus fiscales”.
En tanto, para la abogada y académica de Universidad de La Serena, Mg.Tamara Pinto “el fiscal es parte de una etapa de investigación, separada a la actividad jurisdiccional de los tribunales de justicia, de manera que su remoción no atenta, en sí misma, con la imparcialidad judicial, pues dicha remoción fue una decisión asumida por el fiscal nacional en uso de sus potestades”.
