Diversas repercusiones tuvo en la Región de Coquimbo el escándalo por el mal uso de licencias médicas en el sector público, luego que la Contraloría General de la República revelara que más de 25 mil funcionarios públicos a nivel nacional habrían viajado al extranjero mientras se encontraban con reposo.
La denuncia, contenida en el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), motivó además, al Ministerio Público, a abrir una investigación penal de oficio.
Una situación que también se registra en la Región de Coquimbo, pues según los datos reportados desde Contraloría, se han identificado más de 400 casos en los que funcionarios públicos habrían utilizado permisos por enfermedad para viajar al extranjero. Es crucial precisar que la cifra se refiere a casos y no a funcionarios únicos, ya que una misma persona pudo haber empleado múltiples licencias médicas para este fin.
Ahora, respecto a los organismos que presentan la mayor cantidad de estas situaciones irregulares, destaca en el primer lugar la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena, con 223 casos. En el segundo lugar, en tanto, aparece el municipio de Ovalle, con 167 casos.
En ese contexto, desde la Corporación Gabriel González Videla informaron que se tomó conocimiento el día de ayer del oficio de Contraloría y que se nombrarán fiscales para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades administrativas.
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CIERRE DE LA CORPORACIÓN
A su vez, la alcaldesa serenense, Daniela Norambuena, calificó de “impresentable” lo ocurrido en la corporación municipal entre los años 2023 y 2024.
“Es la guinda de la torta. Vamos a realizar las investigaciones correspondientes para ver si correspondía o no poder moverse para estos fines, pero lamentablemente es una situación compleja en donde han jugado nuevamente con los recursos del Estado que están destinados para la salud y para la educación”, señaló Norambuena.
La alcaldesa explicó que se van a levantar los sumarios administrativos correspondientes y si hay responsabilidades, se van a dar a conocer ante la fiscalía por posible o eventual fraude al fisco.
“Estos funcionarios dejan de lado las funciones que son vitales, el apoyo al trabajo en los distintos CESFAM, el trabajo en apoyo a los colegios, el trabajo en apoyo a nuestra comunidad y muchos también que hoy día han usufructuado de los recursos estatales para buscar fines personales y reírse en nuestra cara de la situación que hoy día vive la corporación. No lo vamos a aceptar. Con esto queda en evidencia que las corporaciones hoy día son complejas, difíciles de abordar y de fiscalizar, y con mayor ahínco y con mayor razón, estamos buscando todos los procesos para cerrar la Corporación Gabriel González Vidal”, afirmó la autoridad comunal.
HECHOS GRAVES
En relación a los 167 casos de funcionarios involucrados en este uso irregular de licencias médicas en la municipalidad de Ovalle, desde el organismo indicaron que realizarán los sumarios administrativos correspondientes y también se iniciarán acciones criminales, debido a que se trataría de delitos de fraude al fisco.
En ese sentido, el alcalde de la comuna, Héctor Vega Campusano, explicó que se trata de un hecho muy grave y agregó que “este tipo de conductas hay que erradicarlas, ya que desprestigian la función pública y hoy se requieren funcionarios y funcionarias comprometidas con su labor y con la comunidad”.
REACCIÓN DE GREMIOS
Incluso desde las distintas agrupaciones de funcionarios públicos se condenó este tipo de hechos, exigiendo por ello, una reforma del sistema y el establecimiento de sanciones a quienes han vulnerado este derecho, pues se perjudica a todos los trabajadores de los servicios públicos.
En ese contexto, Patricio López, presidente regional de la ANEF, condenó rotundamente esta práctica, por lo que exigirán como gremio que se apliquen las sanciones correspondientes en cada uno de estos casos.
“Quiero ser enfático, nosotros no defendemos a los malos funcionarios, todo lo contrario. Defendemos a quienes día a día cumplen con su labor con compromiso y esmero”, indicó el dirigente.
Agregó, el representante de la ANEF, que los buenos funcionarios públicos, son quienes se ven más perjudicados por estas malas prácticas, porque cuando una persona se ausenta con una licencia médica injustificada, se genera una sobrecarga directa para sus compañeros, y eso afecta la operatividad de los servicios.
“Este tipo de situaciones ha sido uno de los principales escollos para avanzar, por ejemplo, en la implementación de las 40 horas laborales. Por eso, como organización, no podemos avalar ni permitir estas prácticas”, señaló López.
Por su parte, para Beatriz Hidalgo, dirigente de la Nueva Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional, “es impresentable que trabajadores públicos se aprovechen de un mecanismo o de un derecho como lo es la licencia médica, para tomarse vacaciones. No puede ser que se utilice ese subterfugio para eludir el trabajo y no asistir a las labores. Además, creo que esta práctica atenta contra la propia dignidad del funcionario público. No es correcto y daña la fe pública”, aseveró la profesional.
Hidalgo señaló que el primer deber de un funcionario es presentarse a sus labores. Eso sí, la dirigente de los funcionarios del GORE indicó que si se llega a tomar alguna medida, como descontar los días con licencia médica — como ocurre en el sector privado — resultaría lamentablemente, “porque muchas veces pagan justos por pecadores”.
En tanto, Mauricio Ugarte, presidente regional de la FENATS, también se sumó a las voces de rechazo ante cualquier acto de corrupción o defraudación que se pueda presentar como en este caso.
Ugarte es enfático en señalar que las personas que trabajan en los hospitales públicos “efectivamente están afectadas en su gran mayoría por enfermedades peritadas por el COMPIN y la SUSESO”.
“Creemos claramente que se deben realizar los sumarios respectivos y las investigaciones correspondientes para acreditar si existe o no falta de probidad en estos actos. Nosotros no avalamos aquello, tenemos una alta rotación de personas que tienen licencias médicas reales y evidentemente como trabajadores no aceptamos que se abuse de un derecho a la protección social que tiene muchos años y que hoy día se intenta, por otro lado, contener de alguna manera en las políticas públicas y que evidentemente nos causa preocupación, sobre todo, por las personas que hacen uso de manera correcta de este beneficio”, aseguró Ugarte.
Sumarios administrativos
Luego de la información dada a conocer por la Contraloría, el ente fiscalizador informó que se remitieron los antecedentes respectivos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, e instruyeron a las más de 780 entidades efectuar los sumarios correspondientes al personal involucrado en estos hechos.
Adicionalmente, la institución inició un sumario administrativo en la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), en la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y en el Fondo Nacional de Salud (FONASA), para investigar eventuales incumplimientos de sus deberes institucionales en lo relativo al control que correspondía realizar a dichas entidades en esta materia.
