Diversas fueron las reacciones que generó el uso de licencias médicas por parte de 25 mil funcionarios públicos del país para salir al extranjero, hecho que fue revelado a partir de un informe de Contraloría y, en el cual, se hayan involucrados empleados de 777 instituciones públicas distintas.
En el caso de la Región de Coquimbo, en tanto, un total de 772 casos de funcionarios de organismos públicos habrían sido identificados – hasta el momento – como participantes en estos hechos.
En este contexto, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, aseguró que, como administración, “vamos a ser implacables”, en cuanto a aplicar las sanciones que correspondan.
En ese sentido, afirmó que, hasta el momento, “tenemos 23 casos detectados en la ilustre municipalidad de La Serena, con sus sumarios respectivos, además de 50 casos por el Código del Trabajo en la Corporación Gabriel González Videla, por lo que hemos ordenado ya la destitución (de estos funcionarios) porque este tipo de cosas no las vamos a permitir”.
Cabe recordar que en la Corporación Gabriel González Videla se identificaron 223 casos de funcionarios que han salido al extranjero pese a haber estado con licencia médica, siendo esta institución, aquella con el mayor número de casos a nivel regional.
En esa línea, la jefa comunal afirmó que “no podemos permitir que los recursos del Estado hoy se paguen en licencias médicas y además con salidas al extranjero”.
Por su parte, la concejala de La Serena, Rayen Pojomovsky, indicó que “es nuestra obligación y responsabilidad hacernos parte y hacer seguimiento a las acciones administrativas que se deberán tomar, ya que sin duda estas situaciones deben ser sancionadas en la medida que las investigaciones reales y responsables arrojen culpabilidades. Estos hechos nos invitan a revisar las estructuras y las formas en que nos desarrollamos como sociedad, porque evidentemente esta situación es mucho más profunda que solo salir de viaje mientras estás con licencia médica”, acotó.
En esa línea, espera que esto “permita avanzar hacia mejorar los procesos y cruces de información, para así también robustecer la eficiencia y la eficacia del Estado”.
¿QUÉ PASA EN OTRAS COMUNAS?
Por su parte, la alcaldesa de La Higuera, Uberlinda Aquea, municipalidad en la que fueron detectados 18 casos de uso fraudulento de licencias médicas, señaló que “hemos dispuesto la instrucción inmediata, apenas conocidos los antecedentes y los nombres de las y los trabajadores del municipio, los sumarios administrativos correspondientes para todas estas personas. Una vez reunidos todos los antecedentes necesarios, procederemos a presentar un requerimiento formal ante los tribunales competentes, además de interponer las acciones legales que correspondan conforme a derecho. Nuestro compromiso con la transparencia es total, tal como lo hemos venido diciendo desde que asumimos este desafío”, puntualizó.
En tanto, a través de una declaración pública, la municipalidad de Coquimbo dio a conocer que se instruyó una investigación interna por el uso de licencias médicas.
“En caso de detectarse irregularidades de esta índole, se adoptarán todas las medidas administrativas correspondientes y se remitirá la información al Ministerio Público”, señalan.
Además, indicaron que “esta gestión tiene un compromiso claro: velar por el buen uso de los recursos públicos, por la transparencia, y por una administración municipal al servicio de los vecinos de Coquimbo, por eso condenamos cualquier hecho que pueda ir en contra de los principios de probidad del servicio público”.
Al respecto, el concejal de Coquimbo, Vicente Cortés, manifestó su profunda preocupación por los antecedentes contenidos en el reciente informe de Contraloría, que posiciona a la municipalidad entre las instituciones con mayor cantidad de licencias médicas observadas en la región.
“Este tipo de prácticas atentan directamente contra la probidad y eficiencia del servicio público. Fiscalizaré que se agoten todas las instancias legales para determinar eventuales responsabilidades administrativas o penales, y exigiré a la administración que adopte con urgencia las medidas disciplinarias que correspondan conforme a derecho. No podemos permitir que se normalice el mal uso de recursos públicos”, aseveró.
