Revelan que orden que liberó a sicario buscaba solo corregir identidad: hubo tres resoluciones en 11 minutos

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El Poder Judicial informó a través de un comunicado qué ocurrió con la orden que liberó al sicario acusado de asesinar al “Rey de Meiggs”. En principio, todo se debería a un intento por corregir la identidad del imputado.

Fue la presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quien convocó a una reunión a la directora y al equipo de informático de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

La idea era conocer de primera fuente qué pudo haber pasado con el documento que determinaba la libertad del imputado y que llegó a Gendarmería por los canales regulares.

Tres documentos en 11 minutos

Según se logró establecer en un diagnóstico al sistema de tramitación penal, la resolución que terminó con la libertad del venezolano Osmar Ferrer Ramírez en realidad se emitió para mejorar un problema con la identificación del delincuente.

En el comunicado del Poder Judicial, se revela que se emitieron tres resoluciones en solo 11 minutos.

En palabras simples, el 8° Juzgado de Garantía emitió, a las 20:17 del 9 de julio pasado, la resolución de prisión preventiva por el homicidio. Como había un error en la identificación de Ferrer, a las 20:25 se emitió un documento que anulaba dicha determinación.

Fue ese documento fue el que vio Gendarmería para liberar al imputado, lo que efectivamente se concretó.

Sin embargo, a las 20:28 se emitió una nueva orden de ingreso a prisión preventiva, con la identidad corregida de Ferrer. Esta resolución no habría sido tomada en cuenta, ya que el imputado nunca debía salir de prisión preventiva.

Por lo mismo, se informó que “inicialmente se descarta una vulneración de la seguridad de los sistemas informáticos del Poder Judicial”. O sea, no hay un hackeo.

Será la Fiscalía la que determine qué ocurrió y por qué igualmente se dejó libre al acusado, que estaba recluido en la ex Penitenciaría.

A esto se suma la instrucción dada por la ministra Chevesich, quien ordenó realizar un diagnóstico del sistema de tramitación penal “para fortalecer los mecanismos de chequeo y control de las resoluciones de los tribunales de justicia”.

Además, la Corte de Apelaciones de Santiago también anunció una investigación administrativa y que remitirá todos los antecedentes al Ministerio Público.

Revisa el comunicado:
Ante los graves hechos conocidos en las últimas horas sobre el imputado Osmar Ferrer Ramírez, la Dirección de Comunicación del Poder Judicial informa:

Que la presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, citó a una reunión urgente a la directora y al equipo de informático de la Corporación Administrativa del Poder Judicial para recibir un informe preliminar de la trazabilidad de las diferentes resoluciones de la causa.

Que tras la primera revisión, se estableció que el 8° Juzgado de Garantía emitió el 9 de julio una orden de ingreso a prisión preventiva a las 20:17 horas. A las 20:25 de ese mismo día se dejó sin efecto esa instrucción corrigiendo problemas con la identificación del imputado y que a las 20:28 horas, el Juzgado emitió una nueva orden de ingreso a prisión preventiva con los antecedentes correctos.

Existe registro, además, que el Juzgado de Garantía emitió dos correos electrónicos a Gendarmería, el 10 de julio a las 12:11 del día, informando las últimas dos resoluciones anteriormente descritas.

Al mismo tiempo, el equipo directivo de la CAPJ constató que -inicialmente- se descarta una vulneración de la seguridad de los sistemas informáticos del Poder Judicial.

Asimismo, presidenta (s) Chevesich instruyó realizar un diagnóstico del sistema de tramitación penal para fortalecer los mecanismos de chequeo y control de las resoluciones de los tribunales de justicia.

Corte de Apelaciones de Santiago

También a primera hora, el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Fernando Carreño, citó a un pleno extraordinario para analizar el caso.

El tribunal de alzada instruyó sumario administrativo a cargo de un fiscal judicial y ordenó derivar todos los antecedentes recabados al Ministerio Público.

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