El Congreso Nacional aprobó de manera definitiva el proyecto de ley que crea el Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, una iniciativa considerada histórica para la verdad y reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
La nueva ley, presentada en 2022 por diputadas y diputados de diversos sectores, establece un registro público, gratuito y digital, administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, que permitirá acreditar la condición de las personas desaparecidas entre 1973 y 1990.
La información de este registro será elaborada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, en coordinación con el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, incorporando antecedentes de comisiones de verdad, procesos judiciales y otras fuentes oficiales.
A nivel regional, la seremi de Justicia y Derechos Humanos de Antofagasta, Trissy Figueroa Rivera, destacó la relevancia de este avance, «a 52 años del golpe militar, hoy vamos a tener un registro oficial de las personas que fueron víctimas de desaparición forzada. Sus familiares podrán acceder a un certificado que informe oficialmente su condición. Este es un paso muy significativo para que en nuestro país nunca se legitimen las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado», señaló.
La autoridad recordó además que el próximo 18 y 19 de octubre se cumplen 51 años del paso de la Caravana de la Muerte por la región, donde se ejecutaron 14 personas en la Quebrada El Way de Antofagasta y otras 26 en las cercanías de las quebradas del Buitre y Moctezuma, en Calama.
Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, subrayó el valor simbólico y reparador de la nueva ley, «es una forma de reparación que dignifica a las víctimas y reconoce el derecho de las familias a la verdad. Con esta ley, Chile reafirma que la desaparición forzada fue una política sistemática del Estado durante la dictadura y que tenemos la obligación de seguir buscando, esclareciendo lo ocurrido y garantizando que estos crímenes no se repitan», enfatizó.
La aprobación fue celebrada por agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, quienes asistieron a la sesión en el Congreso y destacaron que este nuevo registro representa un paso concreto hacia la memoria, justicia y dignidad de las víctimas de la dictadura.
