El desafío es grande en torno a la realidad de los campamentos y “tomas” que generan muchas veces dolores de cabeza en las comunidades aledañas donde se asientan, al igual que en las autoridades que tienen la labor de mitigar los impactos que éstos generan. En este sentido, está la meta del MINVU que mediante el Plan de Emergencia Habitacional, pretende al menos subsanar este escenario con la entrega de más de 260 mil viviendas hasta finales del gobierno del Pdte., Boric.
La problemática de los asentamientos irregulares, o bien llamados coloquialmente como “tomas”, ha sido uno de los principales obstáculos que han debido enfrentar organismos y autoridades durante los últimos años en todo el país. De hecho llamó la atención el informe del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), dado a conocer a nivel regional por Diario El Día, en el que se informa de la existencia de 1.432 campamentos a nivel nacional, de los cuales 52 se encuentran ubicados en la región de Coquimbo.
Una realidad que ha definido el rumbo, por lo menos en la nueva mirada que las instituciones han tenido sobre este tema, sin embargo en materia de políticas públicas, el país y sus autoridades aún se encuentran al debe. Debemos tener en cuenta que los habitantes de tomas y asentamientos, deben convivir entre condiciones en su mayoría vulnerables, por no decir deplorables, pues en estos terrenos no existe acceso a servicios básicos, ni pensar en contar con un acceso a agua potable para las necesidades sanitarias.
De acuerdo a las investigadoras Pía Palacios, Gabriela Silva y Florencia Vergara, cuyo trabajo denominado “Viviendas hacinadas y campamentos: dos rostros de la desigualdad frente al Covid-19”, que fue difundido por CIPER Chile, se menciona que “el agua es un factor clave en la crisis actual que se vive, sin embargo, el 22% de las viviendas en los campamentos no cuenta con un sistema de agua potable (MINVU, 2019)”.
El estudio asegura que “esta (el agua) debe ser acarreada hasta sus hogares (…) La situación es aún más compleja en los campamentos del norte de nuestro país, donde son casi 14.000 los hogares que no cuentan con sistema de agua potable (MINVU, 2019)”.
Más que esperar un rol preponderante por parte de algún organismo en particular, la lógica va por el lado de realizar acciones complementarias en el que todas las autoridades e instituciones en la materia, puedan concretar acciones íntegras y con mirada de país. “Implementar medidas es algo que hay que verlo con mucha calma. Nosotros no estamos en condiciones de enfrentar eso, por cuanto los temas de seguridad no le corresponden al MINVU (…) Tenemos más de 1.400 tomas a lo largo del territorio nacional, y en cada una estamos tratando de buscar soluciones”, señalaba en su momento Carlos Montes, Ministro de Vivienda.
Desde la academia, existen una serie de estudios que evidencian ya el gran problema de la desigualdad estructural en amplios territorios a nivel nacional, en cuyo rol es fundamental el Estado para ordenar mediante mecanismos el uso de los suelos y el acceso a las viviendas para una estructura que pueda garantizar mayor orden y seguridad para la población. De todas formas, el MINVU a pesar de las repercusiones por el “Caso Convenios”, asegura estar trabajando en torno al Plan de Emergencia Habitacional que busca entregar más de 260 mil viviendas durante el periodo del Presidente Gabriel Boric.
